El Tribunal Constitucional ha acabado con la suerte del decreto de "pobreza energética" con el que la Generalitat de Catalunya pretendía impedir a las compañías de la luz y el gas que, entre octubre y marzo, cortasen el suministro a quienes no pudieran pagarlo. El alto tribunal -órgano ejecutor, si no maquinador, de las políticas involucionistas que practican los gobiernos jacobinos que se alternan en La Moncloa- ha actuado a instancias del ejecutivo de Rajoy, velador infatigable de la salud y el clima patrios. Como todo el mundo debería saber, los 12 magistrados del TC son elegidos por el Congreso (4), el Senado (4, a propuesta de las Comunidades Autónomas), el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2), este último elegido a su vez por el propio poder político.
El TC considera que el decreto de pobreza energética supone una discriminación positiva a favor de una Comunidad Autónoma, algo de lo que no pueden beneficiarse las demás. No dice nada, en cambio, de la notable diferencia que en lo tocante a la cuantía muestran los recibos de éstas y aquélla. La discriminación positiva, aquí, no importa. Acostumbrados el PP a gobernar a la contra y el TC a "gobernar" y ejecutar a la sombra, los augures por cuenta propia de la parte de España que ni les gusta (la "Polonia" sotto voce) ni quieren que se llame Catalunya han decidido formalizar su solicitud de demanda de empleo en... África, donde no hay trabajo, pero tampoco hace frío.
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